- La Reforma: Japón planea sustituir su impuesto punitivo del 55% sobre la ‘renta diversa‘ por un tipo fijo del 20% en 2026.
- El Cambio: 105 criptomonedas específicas serán reclasificadas legalmente como Productos Financieros, otorgándoles el mismo estatus que las acciones.
- La barrera de seguridad: Los exchanges deben ahora mantener reservas obligatorias de efectivo (hasta ¥40B) para garantizar reembolsos a los usuarios en caso de hackeos.
El gobierno japonés está impulsando una reforma regulatoria que integrará eficazmente las criptomonedas en su marco nacional de valores.
La coalición gobernante está finalizando una propuesta para la reforma fiscal de 2026 que reduciría el tipo máximo impositivo sobre las ganancias por activos digitales del 55% a un 20% fijo, alineando la tributación cripto con la renta variable y las inversiones tradicionales.
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Un cambio hacia una tributación uniforme
Durante años, los inversores japoneses han visto impuestos progresivos sobre los beneficios de las criptomonedas, lo que desalentaba el trading activo y a menudo obligaba a los tenedores a quedarse con activos en lugar de arriesgarse a grandes obligaciones fiscales.
El nuevo plan del gobierno sitúa las criptomonedas bajo un sistema fiscal separado que aplica un gravamen fijo del 20%, dividido entre un 15% de impuesto nacional sobre la renta y un 5% de impuesto de residencia para las autoridades regionales.
Con aproximadamente 8 millones de cuentas activas y volúmenes de negociación mensuales que superan los 1,5 billones de yenes (9.600 millones de dólares), las criptomonedas ya se han convertido en un componente significativo del entorno de inversión minorista en Japón.
Cómo los reguladores tienen la intención de transformar el mercado
La Agencia de Servicios Financieros (FSA) planea reclasificar las criptomonedas bajo la Ley de Instrumentos y Intercambio Financieros (FIEA ) para 2026, lo que situaría a la industria bajo el mismo paraguas regulatorio que regula acciones y fondos de inversión.
Bitcoin, Ethereum y casi 100 otros tokens encaurarían en esta estructura, mientras que se está preparando una lista blanca de alrededor de 150 activos para determinar qué tokens reciben estatus regulatorio privilegiado.
Los tokens aprobados disfrutarían de beneficios como custodia bancaria, normas de cumplimiento más claras y una contabilidad simplificada para las instituciones. Los activos que no cumplan con los estándares de la lista blanca se enfrentarían a restricciones y a un acceso limitado a los intercambios, creando un ecosistema de dos niveles.
Además, la FSA pretende exigir a las bolsas que establezcan reservas de responsabilidad similares a las que mantienen las firmas de valores para garantizar la compensación a los clientes en casos de robo o fallo operativo.
La agencia también está considerando modelos basados en seguros para aliviar la carga financiera de mantener estas reservas. Un mecanismo legal permitiría además a los administradores devolver activos directamente a los clientes si un intercambio colapsa o si los operadores pierden el control de la plataforma.
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