- Se proponen leyes más estrictas de presentación de informes sobre criptomonedas en Nueva Zelanda, a partir de abril de 2026.
- Se introducen sanciones por incumplimiento en los informes de transacciones de criptomonedas.
- El marco CARF de la OCDE para mejorar la transparencia en el seguimiento de los ingresos de los criptoactivos de Nueva Zelanda.
El gobierno de Nueva Zelanda está explorando una nueva forma de regular las transacciones de criptomonedas. El lunes, el ministro de Hacienda, Simon Watts, sugirió adoptar el Marco de Información de Criptoactivos (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las leyes del país.
Esta propuesta, incluida en el Proyecto de Ley de Impuestos (Tasas Anuales para 2024-25, Respuesta de Emergencia y Medidas Correctivas), tiene como objetivo mejorar la capacidad del país para rastrear los ingresos de los criptoactivos. Debido a la naturaleza única de las criptomonedas, las autoridades fiscales han tenido dificultades para controlar este sector.
Las enmiendas propuestas entrarían en vigor el 1 de abril de 2026. A partir de esta fecha, todos los proveedores de servicios de criptomonedas con sede en Nueva Zelanda deberán recopilar información específica sobre las transacciones de criptomonedas. Este requisito abarcaría las transacciones realizadas por los usuarios a través de estos proveedores de servicios.
Los datos recopilados se enviarían a la Agencia Tributaria antes del 30 de junio de 2027. Posteriormente, se espera que la Agencia Tributaria comparta la información recopilada con las autoridades fiscales internacionales pertinentes antes del 30 de septiembre de 2027.
El informe indica que el objetivo es establecer un sistema más transparente y responsable para rastrear los ingresos de los criptoactivos, que ha sido difícil de monitorear bajo las regulaciones actuales.
Además, el marco propuesto impone sanciones tanto a los proveedores de servicios como a los usuarios por no cumplir con los requisitos de información. Los proveedores de servicios podrían enfrentar una multa de $300 por cada infracción. Mientras tanto, los usuarios que no proporcionen la información requerida sobre sí mismos u otras partes relacionadas pueden ser multados con hasta $ 1,000.
Estas sanciones demuestran el compromiso del gobierno de hacer cumplir las nuevas regulaciones y garantizar que todos los participantes en el mercado de criptomonedas cumplan con los estándares de información.
El ministro Simon Watts destacó que la tecnología subyacente a las criptomonedas, en particular la criptografía, plantea desafíos únicos para las autoridades fiscales. A diferencia de las fuentes de ingresos tradicionales, los ingresos de los criptoactivos son más difíciles de supervisar, lo que genera lagunas en el cumplimiento fiscal.
La adopción propuesta del CARF de la OCDE es un paso hacia la reducción de estas brechas y la alineación del marco regulatorio de Nueva Zelanda con los estándares internacionales.
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