- La Ley Bipartidista CLARITY Act busca reemplazar la incertidumbre criptográfica por normas regulatorias claras y aplicables.
- El proyecto de ley define los activos digitales como valores o mercancías bajo los marcos legales vigentes en Estados Unidos.
- Salvaguardas sólidas atacan el fraude, la manipulación del mercado y las finanzas ilícitas en los mercados cripto.
Durante años, la industria cripto estadounidense ha vivido en una zona gris. Las empresas crearon, los inversores cotizaron y los reguladores discutieron, a menudo sin reglas claras. Ahora, los legisladores dicen que están listos para poner fin a esa confusión.
La senadora Cynthia Lummis está impulsando la Ley CLARITY del Mercado de Activos Digitales, un proyecto de ley bipartidista que, según ella, podría finalmente dar a los activos digitales el reglamento que les faltaba. Su mensaje es directo: la industria no puede permitirse esperar más.
«Cuando dejamos la política a un lado y nos centramos en lo que es mejor para el futuro económico de Estados Unidos, podemos lograr un progreso real», dijo Lummis mientras apoyaba el proyecto de ley.
¿Qué problema está intentando solucionar el Congreso?
El mercado cripto actual funciona bajo una supervisión fragmentada y bajo reglas escritas mucho antes de que existieran las blockchains. Los partidarios de la Ley CLARITY argumentan que esta incertidumbre perjudica a los inversores y impulsa la innovación al extranjero.
El proyecto de ley buscará simplificar las cosas respondiendo claramente a una pregunta largamente debatida: ¿Es un activo digital un valor o una mercancía?
Utilizando los principios legales existentes, el marco traza esa línea y asigna la responsabilidad en consecuencia, los valores a la Comisión de Bolsa y Valores y las materias primas a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
Aclarando los mayores mitos
Los críticos advierten que el proyecto podría debilitar protecciones o abrir lagunas legales. Los partidarios dicen que esos temores no entienden el punto.
- Las protecciones para los inversores se mantienen intactas: el fraude sigue siendo ilegal, se requieren divulgaciones y los reguladores mantienen plenos poderes de aplicación.
- No hay pase libre para actores malintencionados: la manipulación y el abuso del mercado serían más fáciles de castigar bajo reglas más claras.
- Menos lagunas, no más: el proyecto de ley cierra brechas coordinando la supervisión entre la SEC y la CFTC.
Los legisladores que respaldan la propuesta argumentan que el riesgo real es la incertidumbre, no la regulación.
¿Puede evitar otro FTX?
Los seguidores lo creen. El proyecto de ley está diseñado para detener el tipo de comportamiento opaco que llevó a colapsos antiguos de las criptomonedas. Los inversores tendrían mejor información, los insiders se enfrentarían a límites más estrictos y la aplicación sería más clara.
En materia de seguridad nacional, la propuesta va más allá. Amplía las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, refuerza el cumplimiento de las sanciones y proporciona al Departamento del Tesoro más herramientas para abordar actividades extranjeras de riesgo.
¿Y qué pasa con DeFi y los desarrolladores?
Aquí es donde el proyecto de ley intenta encontrar un equilibrio. No se criminalizaría escribir código y la autocustodia seguiría siendo legal. Al mismo tiempo, los intermediarios centralizados que interactúan con protocolos descentralizados estarían obligados a gestionar el riesgo y seguir las normas de cumplimiento.
El mensaje es claro: el código está protegido, la mala conducta no.
Los partidarios afirman que la Ley CLARITY es el producto de años de trabajo bipartidista, no una revelación de la industria. Con la competencia global por la innovación financiera en aumento, argumentan que Estados Unidos debe decidir si lidera bajo reglas claras o se queda atrás por inacción.
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