- El 11 de junio, el HB 441 de Delaware fue incluido en el Comité de Banca, Negocios, Seguros y Tecnología del Senado.
- El proyecto de ley planea prohibir la instalación o el funcionamiento de cajeros automáticos de criptomonedas y exige la retirada de las máquinas existentes en 90 días.
- Los infractores podrían enfrentarse a medidas cautelares, sanciones civiles de hasta 10.000 dólares y demandas privadas por daños y perjuicios.
El 11 de junio de 2026, los legisladores de Delaware presentaron el Proyecto de Ley de la Cámara (HB) 441 al Comité de Banca, Negocios, Seguros y Tecnología del Senado, proponiendo una prohibición estatal de los quioscos de criptomonedas (ATM) y soluciones alternativas. Patrocinado por la representante Cyndie Romer, si se aproba el proyecto de ley, requeriría que las máquinas existentes fueran retiradas en un plazo de 90 días.
El HB 441 de Delaware avanza al Comité Bancario del Senado
Según fuentes, el Proyecto de Ley 441 de la Cámara de Delaware fue aprobado por la Cámara de Representantes por 40 votos a 0, con un miembro ausente, y fue asignado al Comité Bancario del Senado. El proyecto de ley avanzó tras ser presentado por el Comité de Desarrollo Económico, Banca, Seguros y Comercio de la Cámara el 9 de junio de 2026, con un voto favorable y siete votos «por su fondo».
Entre los partidarios se encuentran el Departamento de Justicia de Delaware, la Policía Estatal de Delaware, AARP Delaware, la Asociación de Banqueros de Delaware y el Comisionado del Banco de Delaware. Presentan la medida como una protección al consumidor frente al fraude más que como una oposición a las criptomonedas en sí.
Por qué los legisladores están atacando los cajeros automáticos de criptomonedas
Los legisladores están apuntando a los cajeros automáticos de criptomonedas debido al aumento de las preocupaciones por estafas, especialmente aquellos que afectan a personas mayores y usuarios vulnerables. Los datos del FBI registraron más de 13.400 quejas relacionadas con quioscos en 2025, con pérdidas superiores a 388 millones de dólares a nivel nacional. En Delaware, los residentes informaron el año pasado de 181 quejas relacionadas con cripto y 255 relacionadas con carteras, sumando un total de pérdidas de unos 26,9 millones de dólares.
Además, la representante Cyndie Romer describió los quioscos como «una tentativa de sacar dinero depredadora», citando comisiones de hasta el 20% frente a aproximadamente el 0,4%–1% en los intercambios online. La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings , dijo: «la gente puede ser convencida para enviar grandes cantidades a estos quioscos y luego no recuperar su dinero.»
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Se amplía la ofensiva estatal estadounidense contra los quioscos de criptomonedas
Desde 2023, al menos 30 estados han aprobado legislación para abordar los quioscos de criptomonedas, con un impulso aumentando en 2025–2026. Delaware se une a estados como Indiana, Tennessee y Minnesota que han promulgado prohibiciones totales, mientras que el proyecto de ley del Senado S-2141 de Nueva Jersey también está promoviendo medidas similares de prohibición contra los cajeros automáticos de criptomonedas.
Mientras tanto, otros estados, como Carolina del Norte, están optando por una regulación estricta en lugar de prohibiciones totales. El HB 920 de Carolina del Norte fue aprobado por unanimidad en la Cámara con una votación de 115 a 0 y ha pasado al Senado. Introduce advertencias de fraude, recibos, divulgaciones de tipos de cambio, atención al cliente en directo, un límite de comisiones del 14% y límites diarios actualizados de transacciones.
A nivel federal, la Ley Stop Crypto ATM Scams establecería normas nacionales para los quioscos de criptomonedas, incluyendo el cumplimiento AML, verificación de identidad, advertencias de estafas, reportes de actividad sospechosa, límites de transacciones de 2.000 a 7.500 dólares y soporte en vivo, permitiendo al mismo tiempo leyes estatales más estrictas o prohibiciones.
Por lo tanto, si se aprueba el HB 441, las máquinas actuales tendrían que retirarse en un plazo de 90 días. Los infractores podrían enfrentarse a medidas cautelares, sanciones civiles de hasta 10.000 dólares y demandas privadas por daños y perjuicios.
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