- El abogado pro-XRP Bill Morgan cuestiona las acusaciones de la SEC, citando la falta de pruebas y validez.
- La SEC afirma que los descuentos de Ripple causaron USD 480 millones en daños a los inversores, lo que provocó tensiones legales.
- Aumentan las preocupaciones sobre la reputación y el cumplimiento de Ripple en medio del escrutinio regulatorio y las batallas legales.
En la saga legal en curso entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el abogado Pro-XRP, Bill Morgan, ha dado un paso adelante para proporcionar información sobre el impacto potencial de las recientes acusaciones del organismo regulador. A medida que las tensiones continúan aumentando, el análisis de Morgan arroja luz sobre los desafíos que enfrenta Ripple a través del escrutinio legal.
Los comentarios de Morgan giran en torno a las acusaciones de la SEC dirigidas a Ripple, en particular en relación con el “supuesto” trato preferencial de la empresa de criptomonedas hacia los inversores institucionales.
El último informe de la SEC alega que tales descuentos preferenciales otorgados por Ripple podrían haber resultado en un daño que asciende a la asombrosa cantidad de USD 480 millones para los inversores que quedaron fuera de estos acuerdos.
Morgan ha expresado reservas sobre la postura adoptada por la SEC. Cree que es necesario examinar las pruebas que respaldan las acusaciones y cuestiona la validez de las afirmaciones de la SEC. Destaca la aparente falta de pruebas sobre la causalidad de las presuntas irregularidades.
A Morgan también le preocupa el daño potencial a la reputación de Ripple entre los inversores institucionales. La revelación de los descuentos selectivos plantea dudas sobre el cumplimiento de las normas reglamentarias por parte de la empresa, en particular en lo que respecta a los requisitos de divulgación. Tales problemas podrían complicar aún más los procedimientos legales de Ripple y erosionar la confianza de los inversores en la empresa.
La SEC ha intensificado sus esfuerzos apelando al juez Torres para que dicte una sentencia definitiva contra Ripple. La agencia reguladora está buscando una serie de medidas punitivas, que incluyen medidas cautelares permanentes, restitución, intereses previos al juicio y sanciones civiles por un total de casi $2 mil millones.
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